Cómo evitar un proceso de insolvencia: la ventana previa

La crisis de una empresa no se siente como una crisis. Se siente como un viernes.

Se siente como revisar el saldo antes de autorizar la nómina y hacer la cuenta de a quién se le puede pedir una semana más. Y así, viernes a viernes, hasta que alguien pronuncia la palabra insolvencia y suena a final.

No siempre lo es. Hay un momento anterior en el que todavía se puede hacer algo distinto, y de eso trata esta página.

Y si llegó hasta aquí sin tener claro qué es ese proceso del que quiere librarse, empiece por leer qué es la ley de insolvencia empresarial. Son cinco minutos y le ahorran la mitad de esta página.

Hay un momento, antes del proceso legal, en el que todavía se puede hacer algo distinto.

Si su empresa tiene mercado, tiene producto y tiene facturación, pero se quedó sin aire por la estructura de costos o por deuda que se volvió impagable, lo que le hace falta puede no ser un abogado. Puede ser volver a mirar los números con alguien que ya estuvo del otro lado.

No toda empresa que no puede pagar necesita la Ley 1116

No poder pagar y necesitar un proceso concursal no son la misma cosa. Hay empresas que dejan de pagar porque el negocio se acabó, y hay empresas que dejan de pagar porque la estructura de gastos se comió el margen que sí generan.

La diferencia importa, y se nota en los números antes que en el ánimo. En el primer caso el proceso legal ordena lo que queda. En el segundo, el proceso legal puede ser una respuesta cara a un problema que todavía se resolvía por dentro.

El problema rara vez empieza el día en que ya no se puede pagar. Empieza antes, el día en que se acaba el colchón: la caja para el mes que sale peor de lo previsto. Mirar los números a tiempo es ver si ese colchón todavía se puede recuperar antes de necesitarlo.

Esta página trata de esa ventana previa: cómo saber si usted sigue dentro de ella y qué se hace mientras dura.

Los tres caminos de una empresa sin liquidez

Cuando un empresario se sienta conmigo hay tres salidas sobre la mesa. Ninguna es mágica y las tres son reales.

Salvamento externo. Entra un inversionista, aparece un comprador para la empresa o para una línea del negocio, se capitalizan socios, se venden activos que no son del núcleo del negocio.

Si esta es su carta, hay que jugarla rápido: pierde valor cada mes que la empresa se deteriora.

El proceso de insolvencia. La empresa se acoge a la Ley 1116 y entra en reorganización ante el juez del concurso (para las sociedades, la Superintendencia de Sociedades), con los efectos que la ley prevé sobre los cobros individuales mientras el proceso dura. Yo pasé por ahí con la mía.

No es un fracaso, y tampoco es una salida fácil.

Si su caso es este, la decisión siguiente ya no es la de esta página: es cuál de las vías concursales le corresponde, y eso está desarrollado en reorganización o liquidación judicial. El recorrido completo, con sus etapas y plazos, está en las etapas del proceso de reorganización empresarial.

Rehabilitación antes del proceso. Se trabaja sobre los gastos administrativos, financieros y operacionales para recuperar la liquidez y volver el negocio sostenible, sin entrar a un proceso judicial. No siempre es viable.

Este tercer camino es el que acompaño yo, y tiene nombre propio en El Camino de Regreso: rehabilitación antes del proceso. Son tres sesiones al mes, seguimiento entre una y otra por teléfono, correo o WhatsApp, y control del estado de los documentos. Evitar la Ley 1116 tiene un precio, igual que acogerse a ella, y los dos se hablan en la primera charla, que dura alrededor de una hora y no le cuesta.

Los tres indicadores con que empieza el diagnóstico

Aquí no se trata de detectar que hay una crisis: eso usted ya lo sabe si está leyendo esto. Se trata de elegir cuál de los tres caminos es el suyo, y eso se lee en los estados financieros de los últimos dos años.

Son tres indicadores: liquidez, prueba ácida y nivel de endeudamiento (el pasivo sobre el activo). Entre los tres, junto con la facturación, el producto y el mercado, dicen si debajo de la deuda hay un negocio en pie. Si lo hay, hay algo que rehabilitar; si no lo hay, ningún proceso legal lo va a inventar.

Dicho sin los nombres técnicos: la liquidez es si le alcanza para lo del mes. La prueba ácida es si le alcanza sin tener que vender el inventario de afán. Y el nivel de endeudamiento es si la cuota sigue siendo un gasto del negocio o ya se volvió el negocio.

Si la información es confiable, el diagnóstico sale en la primera charla.

Conviene decir qué son y qué no son. Son señal temprana de la situación financiera, no la causal legal de admisión: esa la define el artículo 9 de la Ley 1116 con criterios distintos, y no se deben mezclar. Si parte de la deuda es con la DIAN, súmele los intereses que corren por cada día de retardo (artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario): la calculadora de intereses de mora DIAN los liquida con la tasa vigente.

Puede empezar usted mismo. La calculadora de prueba ácida y razón corriente está abierta, no pide datos de contacto y le da los dos indicadores con tres cifras del balance; las otras dos están en el centro de diagnóstico financiero, ordenadas por el momento en que sirve cada una.

Y si ya le preguntó a una inteligencia artificial, úsela sabiendo dónde puede fallar. Si su respuesta cita los artículos 37 y 38, que el artículo 21 de la Ley 2437 derogó, o describe el acuerdo de adjudicación como si siguiera vigente, le está describiendo la Ley 1116 sin la reforma de 2024. Sirve para entender el vocabulario; no sirve para decidir con qué causal entra su empresa.

¿Pierdo mi casa si la empresa no alcanza a pagar?

La respondo aquí porque de ella depende con qué cabeza toma usted las decisiones de los próximos meses.

La regla de partida es que las deudas de la sociedad son de la sociedad. Su casa, su carro y sus cuentas personales no entran al proceso de la empresa por el solo hecho de que la empresa deje de pagar.

Hasta ahí, lo que ya sabía. Lo que cambia el cálculo son varias excepciones. Estas son tres que conviene conocer.

Primera: lo que usted firmó a título personal. Avales, pagarés, codeudas, garantías reales sobre bienes suyos. Eso no es deuda de la empresa: es deuda suya, y sigue su propia suerte aunque la sociedad entre a un proceso concursal.

Segunda: las retenciones. Lo que la empresa retiene en la fuente, también sobre los salarios, o recauda por IVA son sumas que la empresa retiene o recauda para consignarlas a la DIAN. El artículo 402 del Código Penal dice que el agente retenedor que no consigna lo retenido, o el responsable del IVA lo recaudado, dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada para presentar y pagar la declaración, incurre en prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado, sin que supere 1.020.000 UVT. En una sociedad, la norma hace recaer esa responsabilidad sobre las personas naturales encargadas de esas obligaciones.

Tercera: el artículo 82 de la Ley 1116. Cuando la prenda común de los acreedores se desmejora por conductas dolosas o culposas de los socios, los administradores, el revisor fiscal o los empleados, esas personas responden civilmente del faltante del pasivo externo. Según el artículo 82, esa demanda la puede promover cualquier acreedor de la empresa, ante el juez del concurso.

«La prenda común de los acreedores» suena a jerga y nombra algo sencillo: el conjunto de bienes de la empresa con el que se les va a pagar (artículo 2488 del Código Civil). Desmejorarla es sacar cosas de esa bolsa, o dejar que se vacíe.

Dos detalles de ese artículo que cambian la cuenta. La ley dice que esa responsabilidad se exige «sin consideración al tipo societario», así que constituir una S.A.S. no la desactiva. Y las cláusulas que pretendan absolver de ella, o limitarla al valor de una caución, se tienen por no escritas.

Cuidado con lo que va a encontrar al buscar esto. Hay textos sobre «si responden los socios con sus bienes» escritos para la sociedad limitada española, que se rige por otra ley y con otros supuestos. Si el texto habla de «SRL», de «autónomos» o de la ley española, no le aplica a su empresa.

El mismo artículo 82 trae una exención: no responde el socio que no tuvo conocimiento de la acción u omisión, ni el que votó en contra, siempre que no la ejecute. La exención está escrita para los socios. Y en los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, o de violación de la ley o de los estatutos, el artículo presume la culpa de quien intervino.

Cuando usted firmó a título personal, o el negocio está a su nombre

El banco le pidió firmar a título personal, y usted firmó: un pagaré, un aval, una codeudoría. O el negocio nunca fue una sociedad y está a su nombre.

En los dos casos, cuando la caja de la empresa no alcanza, la preocupación ya no es solo de la empresa: es suya. Qué régimen le corresponde y qué pasa con lo que firmó dependen de su caso. La parte jurídica la lleva un abogado; esa parte no la hago yo.

Lo que yo hago es lo mismo que con una empresa: leer qué entra, qué sale y qué se puede sostener, y buscar con usted el camino antes de que la única salida sea un proceso de insolvencia. Si quiere revisarlo, hablemos en la primera charla.

Por qué convocar a sus socios es un deber

La ley le exige tener la conversación con los socios de inmediato cuando se dan los supuestos que siguen.

El artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 —la norma que reemplazó la vieja causal de disolución por pérdidas— le dice dos cosas al administrador. La primera: cuando se verifique razonablemente que la empresa dejó de cumplir la hipótesis de negocio en marcha, tiene que abstenerse de iniciar operaciones distintas del giro ordinario y convocar de inmediato a la asamblea o a la junta de socios, con información completa y documentada.

La segunda es la que más importa aquí. El mismo artículo obliga a convocar de inmediato cuando del análisis de los estados financieros y de las proyecciones de la empresa se puedan establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.

Fíjese en la palabra proyecciones. No dice cuando ya no se pudo pagar: dice cuando las cuentas hacia adelante muestran el riesgo. Una proyección de caja a trece semanas es una forma práctica de hacer ese análisis a tiempo.

En los dos casos la consecuencia de no convocar es la misma: responder solidariamente por los perjuicios que se causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de ese deber.

Qué efecto tienen la convocatoria y el acta de esa reunión frente al artículo 82 es una cuestión jurídica, y la parte jurídica la lleva un abogado; esa parte no la hago yo. Cómo se aplica esto a su empresa depende de su caso. Si quiere revisarlo, hablemos en la primera charla.

Cómo se lee esto en la práctica

Todo empieza con una primera charla que no le cuesta y dura alrededor de una hora. Antes de vernos le digo qué traer: los estados financieros de los últimos dos años y lo que su caso pida. Llegar con eso es lo que convierte esa hora en un diagnóstico.

De esos estados salen la relación de acreedores, los gastos de la operación y los gastos financieros.

No hay un informe de cuarenta páginas al final. Hay una primera charla en la que usted entiende cuál de los tres caminos es el suyo y por qué. Si quiere empezar por ahí, así se agenda.

Cuándo la rehabilitación no es la vía

Si su empresa no tiene facturación sostenible, ni producto, ni mercado, ni marca, la rehabilitación no aplica. Prefiero decírselo en la primera charla y no seis meses después.

Y hay un caso distinto: que la vía correcta sí sea el proceso concursal. Eso no es un fracaso de la rehabilitación, es un diagnóstico. Cuándo la ley conviene de verdad y qué cuesta está en las desventajas y los costos reales de acogerse.

Lo que no voy a hacer es sostenerlo en el camino equivocado. Si lo que hay es un proceso legal inevitable, se lo voy a decir, y lo acompaño ahí también.

Si prefiere empezar por los números y no por mí, la calculadora está abierta y no pide datos de contacto.

Preguntas frecuentes sobre cómo evitar un proceso de insolvencia

¿Se puede evitar un proceso de insolvencia si ya dejé de pagar?

Depende de qué haya debajo. Dejar de pagar no lo obliga por sí solo a pedir la reorganización, aunque en cesación de pagos también pueden pedirla sus acreedores (art. 11 de la Ley 1116). Si el negocio conserva mercado, producto y facturación, y la falta de liquidez viene de la estructura de gastos o del servicio de la deuda, hay margen para trabajar antes de la vía judicial; si no hay negocio que sostener, ese margen no existe.

¿Cuánto tiempo tengo antes de que la ventana se cierre?

No hay un plazo fijo, pero la ley pone límites; entre ellos, estos dos. Si las proyecciones ya muestran riesgo de insolvencia, el administrador debe convocar a los socios de inmediato (art. 4 de la Ley 2069 de 2020), y si la empresa cae en cesación de pagos, la reorganización también la pueden pedir sus acreedores (art. 11 de la Ley 1116). Además, cada mes sin corregir aumenta el peso de los intereses y de las medidas de cobro.

¿Rehabilitar la empresa evita para siempre la Ley 1116?

No lo garantiza nadie, y desconfíe de quien se lo prometa. La rehabilitación busca recuperar liquidez y volver el negocio sostenible; si lo logra, el proceso concursal deja de ser necesario. Si en el camino resulta que sí lo es, se cambia de vía y se hace bien, que es distinto de haber perdido el tiempo.

¿Responden los socios con sus bienes personales por las deudas de la empresa?

Por regla general no: las deudas de la sociedad se pagan con el patrimonio de la sociedad, salvo excepciones, entre ellas estas dos.

Responden con lo suyo cuando firmaron avales, pagarés o garantías a título personal. También cuando se configura el supuesto del artículo 82 de la Ley 1116, que hace responsables civilmente del faltante del pasivo externo a los socios, administradores, revisores fiscales y empleados cuya conducta dolosa o culposa haya desmejorado la prenda común de los acreedores. El mismo artículo exime al socio que no tuvo conocimiento de la acción u omisión y al que votó en contra, siempre que no la ejecute.

¿Constituir una S.A.S. protege mi patrimonio personal?

Protege frente a la regla general, no frente a todo. El artículo 82 de la Ley 1116 dispone que esa responsabilidad se exige «sin consideración al tipo societario», y tiene por no escritas las cláusulas que pretendan absolver de ella o limitarla al importe de una caución. Y ninguna forma societaria toca lo que usted haya firmado a título personal.

Qué pasa si su empresa no califica para la Ley 1116

No todas las empresas cumplen los supuestos del artículo 9, y no todas las que los cumplen deberían entrar: cuando el negocio sigue en pie y lo que falla es la estructura de gastos, conviene mirar primero la rehabilitación antes del proceso, que es de lo que trata esta página. Si el negocio no es viable ni siquiera reestructurando el pasivo, el régimen de insolvencia no lo va a salvar: va a ordenar su salida por la vía de la liquidación judicial, que es un proceso distinto y con otra finalidad. Conviene leer la diferencia entre reorganización y liquidación antes de decidir.

Por eso la primera charla va antes que cualquier decisión, y no tiene costo. Si su empresa no califica, se lo digo en la primera charla y no le cobro por descubrirlo.

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Antes de decidir, léase también lo que la Ley 1116 tiene de malo. Prefiero que llegue informado a que llegue convencido.

Esta guía forma parte de Ley 1116.